En la medida en que se disminuyeron los apoyos al sector agropecuario y bajaron los precios internacionales de los productos agrícolas, la agricultura mexicana empezó a mostrar síntomas de decadencia. El modelo capitalista de la producción agropecuaria de México llegó al fracaso, tal vez por su enfoque excluyente y polarizante, que favoreció a un pequeño sector de los productores rurales, que concentró tierras, agua, semillas mejoradas, tecnología, crédito, y abandonó a la mayoría que sólo disponía de un crédito exiguo y simbólico pero que le imponía el compromiso de sostener la autosuficiencia alimentaria, que irremediablemente se iría perdiendo.
Uno de los mayores esfuerzos que implementó el gobierno federal para tratar de rescatar las actividades agropecuarias fue la creación, en 1965, del Banco Nacional Agropecuario, mediante la fusión de los bancos Ejidal y Agrícola. También se vio obligado a incrementar el reparto de tierras, por lo cual impone una política de recuperación de tierras que sólo podían utilizarse para formar nuevos ejidos y no podían otorgarse como pequeñas propiedades privadas. La falta de ejecución de la Reforma Agraria, las deficiencias de la organización de los beneficiarios, las contradicciones de la legislación agraria, la incipiente asociación entre el Estado y las comunidades indígenas para la explotación económica de sus recursos, así como la promoción social dentro de los ejidos y una asistencia técnica y extensión agrícola concentrada en algunas zonas y regiones, fue el resultado de una primera etapa de la Reforma Agraria.
La segunda etapa consistió en la organización social y económica de los que resultaron beneficiados. La suma de ambas etapas fue conocida como la Reforma Agraria Integral. El fundamento era que la justicia social no sólo se expresaba en la repartición de la tierra, sino también en el reparto equitativo del crédito agrario, lo cual no acontecía hasta ese momento. Además, se reactivó el fraccionamiento de los latifundios existentes y se intensificó el deslinde de los terrenos nacionales para la creación de nuevos centros de población y los problemas del campo se tuvieron que asociar a los del crecimiento demográfico con una nueva orientación del desarrollo agrícola.
Díaz Ordaz promovió la industrialización rural y las obras de irrigación, puso especial interés en la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. El primer Secretario de Agricultura del presidente Díaz Ordaz fue el profesor Juan Gil Preciado. Sin embargo, sus diferencias políticas y personales durante el conflicto estudiantil de 1968, donde se pretendió implicar al profesor Gil Preciado como presunto promotor del mismo, motivaron su separación del cargo antes de la mitad del periodo. El profesor Juan Gil venía de ser Gobernador de Jalisco, donde había impulsado el Plan Jalisco, que alcanzó un éxito inusitado en la producción de maíz; en 1964 había fundado las escuelas de agricultura y medicina veterinaria con la administración de la Universidad de Guadalajara —a la postre la Escuela de Agricultura formaría la mayoría de los investigadores especialistas de México en mejoramiento genético vegetal, particularmente en maíz, con el grado de doctor en Ciencias en el Colegio de Posgraduados de Chapingo o en universidades estadounidenses, como Iowa y Nebraska—.
En su tercer informe de actividades el presidente Díaz Ordaz señaló:
Los créditos canalizados a través del sistema Banco Nacional Agropecuario –el dinero del Fondo de Garantía para la Agricultura ascendió a $2 762 000 000 pesos. De esta cifra, el Banco Nacional Agropecuario y sus Regionales prestaron $1 857 000 000, de los cuales 46.4% se destinaron a la agricultura, 21.6% a la ganadería, y el resto al apoyo de agricultores y ganaderos a través de otros tipos de crédito, para comercialización de cosechas y productos, y para desarrollar procesos de industrialización de materias primas procedentes del campo.
Respecto a la reforma agraria, comentó:
Incrementar la industrialización del sector agropecuario, además de la distribución de la tierra, en la que seguiremos adelante, son hoy dos postulados esenciales. Nos esforzamos porque el programa agrario marche a ritmo acelerado. Desearíamos aten- der a un mayor número de campesinos; quisiéramos que todos alcanzaran parcela, pero hay zonas en las que, cada vez, resulta más difícil encontrar tierras afectables.
Es evidente el interés que tenía por el reparto agrario, independientemente de las condiciones poco propicias para tal fin. En el programa nacional de desmontes no se requería ninguna autorización para desmontar un área, bastaba con escogerla y se iniciaban los trabajos con maquinaria pesada y si se quería aprovechar la madera, sólo había que levantar un acta de existencias y con ella se otorgaba automáticamente la autorización junto con la documentación para su transporte legal; la madera que no era de interés se apilaba y se quemaba.
En respuesta a la crisis de alimentos, el gobierno impulsó en 1965 el primer megaproyecto, conocido como Plan Chontalpa, Tabasco, para 
convertir a esa región del trópico húmedo en el granero nacional y resolver la demanda creciente de tierra de campesinos del centro y norte del país.
El Plan Chontalpa fue el responsable de la tala de decenas de miles de hectáreas de selva para los cultivos agrícolas y para la reubicación de campesinos de diferentes regiones del país, ajenos a las condiciones del trópico, incluso originarios del desierto mexicano.
El plan, a los pocos años, fue un fracaso. Se aplicaron tecnologías agrícolas intensivas, producto de la Revolución Verde (Rv) —dependientes de insumos químicos, semillas mejoradas, monocultivos, riego y maquinaria—, que nada tenían que ver con las condiciones tropicales. La producción de alimentos no prosperó y la Chontalpa se convirtió en una cuenca lechera, a partir de una ga- nadería extensiva muy ineficiente que, además, fue expulsora de mano de obra. Así inició la acelerada deforestación del trópico húmedo, la cual se prolongó agresivamente durante toda la década de 1970 en Tabasco, Veracruz y Chiapas, principalmente, eliminando varios millones de hectáreas de la selva tropical húmeda (Carabias, 2008).
En lo que concierne al papel que desempeñaba la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (Anagsa) en la actividad agropecuaria de México, el Presi- dente de la República es claro y conciso al decir que: “la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, y las 19 mutualidades que con ella reaseguraron sus ope- raciones, protegieron los cultivos de 705 000 agricultores, de los cuales 550 000 son ejidatarios. La superficie asegurada fue de 3 700 000 hectáreas”.
La disminución del dinamismo del sector agropecuario a partir de 1965 se acompañó de cambios en la estructura productiva sectorial entre la agricultura y la ganadería. En la primera aumentaron los cultivos que eran insumos de la ganadería intensiva. Por otro lado, se elevó el consumo de productos lácteos y cárnicos en las zonas urbanas, sobre todo en los estratos de mayores ingresos, estrechamente vinculados con la expansión de las empresas transnacionales en la rama industrial de alimentos. El ritmo de de desarrollo de la ganadería fue superior al agrícola a partir de 1965, lo que evidenció el avance de las tierras ganaderas a veces a costa de las agrícolas (Fujigaki, 2002).
En el aspecto agrario, una medida tomada por esa administración para protección de los trabajadores del campo fue la creación de una oficina, dependiente de la Dirección General de Averiguaciones Previas, integrada por agentes del Ministerio Público Federal especializados en materia agraria, con el objeto de atender sus problemas jurídicos. La creación de esa oficina se originó en la preocupación del ejecutivo para evitar que los conflictos del campo repercutieran en la producción rural. La actividad prioritaria de ese organismo consistió en requerir a las autoridades que intervenían en la aplicación de la Ley Agraria, para que atendiesen con la debida prontitud los asuntos agrarios y forestales. Sólo en casos excepcionales se procedió mediante el ejercicio de la acción penal. En la mayoría de los casos se trató de acudir al convenio y a la asesoría de los interesados para la resolución de sus problemas. De esa forma se resolvieron las invasiones de pequeñas propiedades por ejidatarios, la invasión de ejidos por particulares, el despojo de parcelas por parte de los comisariados ejidales, la invasión de terrenos ejidales por ejidatarios y el “paracaidismo”. El Procurador General de la República advirtió que: “conforme al postulado agrarista del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, se precisa atender en forma honesta y eficaz las quejas y denuncias que presenten los productores rurales”. A tal efecto se crearon agencias especiales en las principales regiones donde ocurren conflictos agrarios. Previo a esa transformación administrativa, se procedió a formular una estadística judicial prestando la debida atención a datos proporcionados por la Suprema Corte de Justicia, Agencias del Ministerio Público Federal y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (Daac). Sin embargo, un afán “revolucionario” se apodera de Díaz Ordaz hacia el final de su período hasta que se declara que ha dotado de 23 millones de hectáreas a los campesinos, más que Lázaro Cárdenas. La realidad es que la dotación fue en el papel, pues sólo se ejecutaron poco más de 14 millones, por debajo, incluso, de López Mateos y menos de dos millones más que Luis Echeverría.
En apoyo a la industrialización y al consumo de las zonas urbanas y de las clases trabajadoras, los precios de los cultivos alimentarios básicos se mantuvieron bajos por medio de la fijación de los precios de garantía. Así, el maíz no varió entre 1963 y 1972 y el del frijol se mantuvo entre 1965 y 1972. Mientras eso ocurría, los precios de los productos pecuarios y de otros cultivos presentaron mayores rendimientos monetarios. Los precios bajos de los alimentos básicos permitieron abaratar la fuerza de trabajo y constituyeron un freno a la inflación, pero, al mismo tiempo provocaron dificultades en la economía campesina. De esa forma la superficie sembrada con cultivos básicos comenzó a disminuir y fue siendo sustituida por cultivos más rentables como soya, cártamo y sorgo, entre otros (Fujigaki, 2002).
Continuó la política económica denominada “Desarrollo estabilizador”, iniciada por Adolfo López Mateos y que consistía en hacer crecer la economía, manteniendo estables la inflación y la paridad monetaria. Sin embargo, y a pesar de los múltiples conflictos de política interior que se dieron, el crecimiento de la economía fue de un 6.84% anual, equivalente a un crecimiento acumulado de 48.74% en el sexenio.
Tlatelolco representaría para el presidente Díaz Ordaz la cúspide de su gobierno con la firma del tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares en 1967, pero también el momento más crítico de su gobierno con la represión estudiantil en 1968. El primero fue un tratado internacional signado por los países de América Latina y el Caribe, fue propuesto por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, e impulsado por el diplomático mexicano Alfonso García Robles, quien después recibiría el premio Nobel de la paz por esta iniciativa. El acuerdo fue firmado el 4 de febrero de 1967 en Tlatelolco, México. En cuanto a la represión del movimiento estudiantil de 1968 diez días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz liquida a sangre y fuego la revuelta estudiantil, entre 300 y 500 jóvenes mueren masacrados por disparos del Ejército en la Plaza de Tlatelolco, también conocida como Plaza de las Tres Culturas. Más de 6 000 personas son detenidos. Ese lamentable hecho ocurrido el 2 de octubre de 1968 marca para siempre la actuación política de Díaz Ordaz y se considera el parte aguas para la vida democrática de México.
La crisis del campo mexicano empezó a acentuarse a finales del periodo del presidente Díaz Ordaz, sobre todo por la polarización de la agricultura nacional en los dos tipos contradictorios: la agricultura comercial de unos cuantos y la campesina tradicional de las grandes masas. La pérdida continúa aumentando en la productividad de los cultivos básicos, ocasionando el aumento de las importaciones alimentarias, perdiéndose el concepto de autosuficiencia alimentaria y generándose una balanza comercial deficitaria que afectaría a la economía en su conjunto.
Bilbiografia
Mena, S. Ramírez, M. (2014). Panorama de la agricultura en México (1.ª ed.). Grupo editorial: Editorial Universidad de Guadalajara.
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