El presidente Echeverría arrancó su gobierno con una clara reorientación del sector agropecuario, en función de la asignación de mayores recursos y un protagonismo exagerado por parte del Estado, el enfoque era que el ejido debía recuperar su papel como eje del desarrollo rural.
Además, se crearon empresas paraestatales de fomento al sector agropecuario, pues se pretendía reordenar la producción agropecuaria mediante una política gubernamental que diera prioridad al campo.
Al inicio se registró una mejoría en el medio rural, aunque de carácter pasajero.
Un caso que llamó mucho la atención se dio en el sur de Jalisco, donde se impulsó un proyecto que pretendía ser de desarrollo agroindustrial a través de la llamada “Comisión del sur”, dirigida por los cuñados del presidente Echeverría, los hermanos Zuno Arce, particularmente José Guadalupe, quien fue el artífice de las denominadas “industrias del pueblo”, en Tuxpan, Jalisco.
Esos desarrollos despertaron mucho interés entre los habitantes de esa región que registraba pobreza y una buena proporción de población indígena con pocas oportunidades de empleo.
Se pretendía hacer de los núcleos ejidales, unidades económicas sólidas, sólo que el carácter compulsivo y autoritario de esos proyectos fue su propia limitante, pues las decisiones eran verticales y el precepto era la disciplina y la obediencia, en lugar de la opinión y los acuerdos.
En ese enfoque se pretendía desarrollar programas con un alto contenido político-ideológico pero con serias deficiencias económico-organizativas.
En su primer informe de gobierno, reafirmó la orientación que daría a su gestión en materia de política agropecuaria:
El crecimiento económico del país ha descansado, fundamentalmente, en los hombres del campo. El reconocimiento de este hecho ha determinado nuestra decisión de no aplazar más el pago de esta deuda hace mucho tiempo contraída.
Por ello, reiteramos, desde esta tribuna, nuestra activa solidaridad con los campesinos, que se traduce en la atención más expedita de los problemas agrarios y en el aumento substancial de recursos para fomentar la producción agropecuaria.
Hemos intensificado los programas de capacitación técnica y de organización campesina.
Con base en la nueva ley agraria, ha sido roto el perjuicio de que el ejidatario sólo podía dedicarse a la agricultura y a la ganadería.
El establecimiento de empresas agroindustriales ha demostrado su plena capacidad para explotar, en beneficio propio, los recursos de que dispone y para integrarse a modernos procesos productivos.
Las pequeñas unidades de explotación agrícola no siempre son compatibles con la dinámica de la economía contemporánea.
Es conveniente en tales casos, promover su agrupamiento, cabe destacar que existen dentro de la ley posibilidades para la asociación entre ejidatarios y pequeños propietarios, en condiciones mutuamente ventajosas.
En el tema agrario, con más de 60 mil expedientes o instancias agrarias sin resolver, la desorganización en los ejidos y las comunidades, la 
falta de definición de los derechos agrarios, las simulaciones y acaparamientos de tierra, la concentración económica de los beneficios de la explotación de la tierra, la especulación, renta y abandono de los bienes ejidales, la comercialización e industrialización de dichos bienes en manos de particulares y de intermediarios, la falta de renovación de las autoridades ejidales y comunales que producían caciquismos y abusos, el abandono de las zonas indígenas, y el olvido de los mexicanos que vivían en zonas deprimidas…
En suma, el ejidatario, el comunero y el solicitante de tierras se encontraron marginados en el plan de desarrollo nacional.
El presidente Echeverría reconoció la lamentable situación del campo mexicano y consideró que se ponían en peligro las conquistas alcanzadas por la Reforma Agraria.
En consecuencia su política agraria se encaminó a legislar sobre la materia, naciendo las tres leyes que en esa época se consideraron los pilares jurídicos del agrarismo moderno: la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley Federal de Aguas y la Ley de Crédito Rural.
En 1975 se creó el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), mediante la fusión de los Bancos “Agrícola y Ejidal” y “Agropecuario”.
Asimismo, se hicieron reformas a la Constitución para facilitar la organización del trabajo colectivo, específicamente a la fracción iii del artículo 27, que daba facultades al Estado para organizar la producción colectiva en los ejidos y comunidades.
También se aprobaron las modificaciones al artículo 130 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que indicaban que “los ejidos provisionales o definitivos y las comunidades podrán explotarse en forma colectiva o individual”.
A la vez se promulgó la Ley de Sociedades de Solidaridad Social para completar los avances del crédito rural, y se dictó la nueva legislación cañera.
En su tercer informe de gobierno, mencionó:
Muchos ejidatarios y pequeños propietarios del país estaban imposibilitados para obtener crédito por la existencia de antiguos adeudos, cuyos intereses superaban, en ocasiones, el monto del crédito original. El ejecutivo decidió liberar a los campesinos de este problema mediante la absorción de los pasivos de acuerdo con las modalidades operativas de cada banco oficial.
En otras palabras se dio paso al famoso “borrón y cuenta nueva” que habría las puertas a la corrupción y el abuso por funcionarios de todos los niveles involucrados con los procesos de producción agropecuaria, la Anagsa habría de hacer lo suyo al pagar indemnizaciones de falsos siniestros en beneficio de funcionarios corruptos.
También, en su tercer informe de gobierno, el presidente Luis Echeverría establecería que:
La prioridad que el Gobierno ha dado al sector agropecuario determinó la creación del Programa de Inversiones Públicas de Desarrollo Rural para ser aplicado en las regiones marginadas del país.
El propósito consiste en crear fuentes permanentes de trabajo que retengan a los campesinos en sus lugares de origen y realizar obras de infraestructura y servicios. A través de este programa se han invertido 2 mil 500 millones de pesos.
El 54% de esta suma está destinada a pequeñas obras de infraestructura y el 46 por ciento restante se utiliza para obras de carácter social. En todos los trabajos se ha utilizado la mano de obra de 300 mil campesinos, preferentemente en las épocas en que no tienen actividades agrícolas.
Era claro que su proyecto de gobierno mantenía un fuerte compromiso campesino, el problema era la viabilidad de las estrategias.
Otra estrategia equivocada que operaría durante los años 1970 fue cuando el Programa Nacional de Desmontes (Pronade) dictaminó la incorporación de 25 millones de hectáreas de aptitud forestal a actividades agropecuarias.
Las comunidades vegetales más impactadas por esos desmontes fueron los bosques tropicales y en menor cuantía los bosques de zonas montañosas y los matorrales xerófilos (Niembro, 2001).
En este contexto surge una nueva corriente de participación en la problemática campesina, integrada por académicos y activistas políticos, en su mayoría de origen urbano-universitario que, con el pensamiento social de izquierda y como consecuencia del movimiento estudiantil de 1968, se incorporan al movimiento campesino, dotándolo de capacidades teóricas y técnicas, decisivas en la construcción de aparatos económicos y de alternativas organizativas, sociales y políticas gradualmente independientes del control oficial.
Esta situación coincide con el cuestionamiento de la representatividad de las centrales campesinas auspiciadas por el gobierno y el Partido
Revolucionario Institucional (Pri), y la conformación y consolidación de organizaciones de productores con interlocución directa con el gobierno federal. Sin embargo, los intentos del presidente Echeverría en el modelo de “desarrollo compartido” se vieron frustrados antes de que terminara el sexenio.
En agosto de 1976, después de casi 22 años, se devaluó el peso para tratar de corregir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que aumentó de manera importante como consecuencia de un crecimiento económico logrado a través de un incremento en el gasto público (Cortés, 1993).
La política del desarrollo compartido sólo deterioró más la situación heredada del desarrollo estabilizador por dos razones:
- Debido a la expansión del gasto público que no fue acompañada de incrementos en la recaudación, el déficit fiscal creció y con él aumentaron el déficit de la cuenta corriente y la tasa de inflación, y
- La retórica izquierdizante y algunas de las acciones del presidente Echeverría provocaron una reacción negativa de la comunidad empresarial y minaron la confianza de los inversionistas.
Echeverría haría intentos una y otra vez por mejorar y sostener la productividad del sector agropecuario, sin escatimar el costo de las acciones, como se aprecia en otra parte de su tercer informe de gobierno, cuando anuncia que:
Son diez los millones de mexicanos que viven del cultivo de maíz y frijol.
Durante una década, a partir del último aumento en el precio de garantía, han visto mermar su poder de compra mientras se elevaban los salarios y el ingreso general de la población.
Como respuesta a la urgente demanda de todos los campesinos del país y para lograr la autosuficiencia nacional de granos, hemos ordenado que, a partir de la próxima cosecha, sean aumentados los precios de garantía del maíz de 940 pesos la tonelada hasta mil 200 pesos [aplausos] y el del frijol de mil 750 pesos a 2 mil y a 2 mil 300 pesos, de acuerdo con su especie y calidad.
No bastan, sin embargo, los nuevos precios de garantía para que el campesino pueda transformar sus condiciones productivas y sociales, es necesario, además, ayudarlo a liberarse del acaparador y del agiotista. Para evitar la intermediación especulativa, funcionan mil 600 centros de compra y se amplía constantemente el sistema de bodegas y de tiendas rurales.
Debemos impedir que intereses particulares lesionen el débil equilibrio de la economía popular. La acción de la Conasupo es una forma racional y justa de transferir ingresos a los grupos de menor poder adquisitivo y de fortalecer la alianza entre el régimen revolucionario y las mayorías nacionales.
También en el esquema de la Conasupo se practicaría la corrupción a través de “ganaderos” que compraban maíz subsidiado a bajo precio en una región y lo vendían a la propia Compañía a precios de garantía en otra región.
Durante su mandato se crearon los , en un intento de crear una estrategia de organización productiva, similar a la de los distritos de riego; sin embargo, no tendría el mismo éxito y terminarían por desaparecer.
Viajó por todo el país y tuvo contacto con grupos de pequeños productores, campesinos y ganaderos. Fueron famosas sus extensas asambleas para enterarse de los problemas agropecuarios y forestales y la búsqueda de sus soluciones, muchos consideran que en un intento infructuoso por emular y superar a lo hecho por el ex presidente Lázaro Cárdenas.
Un mes antes de terminar su gestión decretó la expropiación de 42 591 hectáreas en beneficio de 8,271 campesinos, en los Valles del Yaqui y del Mayo, aplicando el criterio de que eran latifundios familiares y los convirtió en ejidos colectivos, que formaron una coalición y que en su época fue ejemplo a nivel nacional, por su desarrollo, eficiencia productiva y capacidad económica. Después, fue cooptada por las fuerzas del gobierno estatal y federal y perdió importancia (Castaños, 2008).
En el sexenio de Echeverría Álvarez, los desmontes para introducir praderas se consideraban un verdadero logro.
El párrafo 408 de su sexto informe de gobierno cita la apertura de 417 520 hectáreas de pastizales en 1975, a través de la Comisión Nacional de Desmontes
