El presidente José López Portillo recibió al país en una situación difícil, ya que apenas unos días antes el presidente Echeverría había realizado una de las devaluaciones monetarias más severas que el país hubiese vivido hasta esas fechas.
El Pib per cápita cayó 2.5 %: el déficit de las finanzas públicas alcanzaba un impresionante 9.1 del Pib y por consecuencia la inflación se situaba en un nunca visto 27.2 %.
La deuda externa total al 30 de junio de 1977 era de 20 948 millones de dólares, o sea más de cuatro veces la que existía al fin del período de Díaz Ordaz.
Del régimen de la excesiva concentración se pasó a la fragmentación. Se llevó a cabo el Plan Nacional Agropecuario, que trajo consigo el fracaso de los 800 ejidos colectivos existentes.
La superficie destinada a la producción de alimentos disminuyó con respecto a la cultivada en la década de 1960, la marcha campesina para la producción y los programas de colectivización ejidal para formar empresas autofinanciables emprendidos durante la administración de Echeverría Álvarez no habían logrado detener la tendencia al decremento de la producción de alimentos.
Era de esperar, además, que con las afectaciones de finales de sexenio, durante el siguiente año disminuiría aún más la producción de trigo, principal producto de Sonora. El país, en síntesis había perdido su autosuficiencia alimentaria. A
su vez, los bienes agropecuarios utilizados como materia prima industrial no encontraban precios adecuados en el mercado interno ni en el externo, ello era consecuencia de la ya descrita política económica mundial seguida en materia de precios de productos agropecuarios (Gamboa, 1977).
Otro intento por resolver la supuesta escasa producción del campo fue la elaboración del Sistema Alimentario Mexicano, que proponía una nueva estrategia: vincular la agricultura de temporal con la industria y con la distribución y el consumo de los alimentos.
El gobierno del presidente López Portillo creó ese sistema para el periodo 1977-1982 y en él se planteaban los siguientes objetivos:
1. Aumentar la producción y la productividad en las zonas de temporal mediante la adopción de innovaciones tecnológicas e inversiones en infraestructura y servicios financieros y comerciales proporcionados institucionalmente.
2. Incorporar nuevas tierras al cultivo.
3. impulsar el reparto agrario y las organizaciones campesinas.
4. Apoyar el consumo de las mayorías empobrecidas (Fujigaki, 2002).
El agro mexicano enfrentaba otro problema: el desempleo rural; el campo no podía absorber a la fuerza de trabajo ubicada en él. La sobrevivencia de una gran masa de campesinos minifundistas pobres determinaba la existencia de un alto nivel de desempleo y subempleo temporal.
El agotamiento físico y legal de tierras repartibles había conducido a la situación en que buena parte de los cinco millones de solicitantes de tierra en realidad eran desocupados permanentes.
La clase privilegiada del agro, política y terrateniente que concentraba el agua, las tierras, el crédito, el capital técnico y la producción para el mercado no utilizaban intensivamente la fuerza de trabajo; por ello, no aliviaban el desempleo del campesinado y de los jornaleros agrícolas.
La acción del capital agro industrial y agro comercial transnacional-monopolista en el campo había producido la ruina de significativas proporciones del campesinado medio y acomodado, así como de la clase media agraria, de manera que tampoco podían ayudar mucho. De los 29 millones de hectáreas cultivables en el país, sólo 13 eran aprovechadas (Gamboa, 1977).
La producción de alimentos básicos se desplomó en un 25% en el ciclo agrícola de 1979, lo que ocasionó una severa crisis, que a su vez originó incrementos cuantiosos en las importaciones, desquiciamiento de la balanza agropecuaria y serias implicaciones sociales, tales como el abandono de tierras cultivables, el éxodo de campesinos a las ciudades y fronteras, y la agitación en el campo. En esta época, el 60% de la tierra cultivable estaba ociosa.
A pesar de todo, el gobierno intentó mejorar la precaria situación del campo, ejemplo de lo cual fue la perforación de 2 395 pozos profundos en zonas áridas del país, según lo planeaba la Ley General de Producción y Planeación Agropecuaria promulgada en el sexenio; sin embargo, no se llevó a cabo, demostrándose con esto el fracaso de dicha ley y en general de los programas emprendidos por el gobierno.
La escasez de recursos económicos por parte del gobierno federal determinaba la imposibilidad de construir nuevas grandes obras de infraestructura.
Las obras de riego ya en operación resultaban ineficientes, por causas técnicas y estructurales.
Por otro lado, era claro que el gobierno federal no tenía los fondos necesarios ni la organización interna requerida para afrontar la problemática económica del agro.
Estaba demostrado que el gobierno sólo no podría capitalizar adecuadamente al agro, sino que las sumas requeridas se calculaban en cientos de miles de millones de pesos.
Los recursos crediticios oficiales y privados eran del todo insuficientes para las necesidades de inversión. El 80% de la superficie laborable, constituida por tierras de temporal, estaba prácticamente desatendida por la acción gubernamental.
Resultaba difícil de lograr incrementos significativos en los rendimientos de las zonas más desarrolladas, debido a su ya alto nivel de productividad.
En los minifundios, la formación de capital técnico resultaba también difícil de lograr, tanto porque ello significaría la sobre capitalización de los predios, como porque durante todo el sexenio pasado hubo una generalizada oposición del campesinado hacia la formación de ejidos colectivos.
Se antojaba, pues, como indispensable, una mayor participación del capital privado (Gamboa, 1977).
Por si fuera poco, los escasos recursos gubernamentales destinados al medio rural eran “mal administrados”. Las dependencias vinculadas directamente al campo trabajaban con escasa o nula interrelación racional: no existía “coordinación” entre la Secretaría de Recursos Hidráulicos (Srh), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sag), la Secretaría de la Reforma Agraria (Sra), la Secretaría de Industria y Comercio (Sic), el Banrural, la Conasupo, etc.
La parte del aparato burocrático cuya competencia se circunscribía fundamentalmente al medio rural estaba permeada, de arriba abajo, con problemas de corrupción.
Disfrazado de múltiples mantos, la corrupción hacia que sólo una pequeña parte, del total de fondos destinados al agro, efectivamente llegara a su destino formal (Gamboa, 1977).
El Sistema Alimentario Mexicano es el proyecto clave de la política de López Portillo para el campo se proponía la autosuficiencia alimentaria tanto en el sector agropecuario como en el pesquero.
En la política de desarrollo del presidente López Portillo, los alimentos y el petróleo tenían una posición estratégica en la búsqueda de la soberanía económica, tecnológica y financiera del país. El sector agropecuario debía orientarse hacia el mercado interno por medio de la generación de empleos y la sustitución de sus propias importaciones.
En esa estrategia los campesinos empobrecidos de las zonas de temporal debían ser impulsados como productores de granos básicos.
Para lograr lo anterior se establecería una alianza entre el Estado, los campesinos y las comunidades pesqueras, que asumirían de manera compartida los riesgos.
El estado subsidiaría los insumos, la investigación y el cambio tecnológico, al apoyar la organización campesina y su vinculación a sistemas agroindustriales básicos.
Además, se proponía la ampliación de la frontera agrícola y la reconversión de la ganadería extensiva a intensiva, tanto para elevar su productividad, como para liberar tierras para el cultivo.
Se planteaba también elevar los precios de garantía; sin embargo, desde el inicio del gobierno del presidente Miguel de la Madrid se abandonó el Sam como proyecto gubernamental (Fujigaki, 2002).
Para tratar de entender los cambios ocurridos en la estructura productiva del sector agropecuario, esto es, el desplazamiento creciente de los cultivos básicos tradicionales por cultivos más rentables y actividades pecuarias, Romero (2002) plantea dos hipótesis muy relacionadas entre sí: los procesos de la “ganaderización” del agro y las tendencias hacia la “agro industrialización” del sector primario.
Respecto a la ganaderización de las actividades primarias se confirma en dos formas: primero por el mayor dinamismo de las actividades pecuarias frente al crecimiento agrícola, y segundo, por la creciente importancia productiva y comercial de los cultivos agrícolas que se convierten en insumos para producir alimentos balanceados para el ganado.
Es un hecho que el auge de la ganadería mayor y menor, vinculadas, la primera a la exportación y la segunda al abasto del mercado interno, necesitan para su desarrollo de tierras y recursos agrícolas, compitiéndole así a la producción de alimentos para consumo humano directo.
Por otro lado, la agroindustrialización del sector primario implica el procesamiento de granos y forrajes para alimentos balanceados para animales, así como el cultivo de frutales y hortalizas que una vez procesados industrialmente se transforman en productos que regularmente consume la población de medianos y altos ingresos (Romero, 2002).
El gobierno federal abandona la producción de granos para consumo humano, pierde la autosuficiencia alimentaria e inicia la importación de granos de Ee. Uu. y como contraparte aumenta las exportaciones de hortalizas, frutas y toretes de engorda, sin resolver el problema de una balanza agropecuaria deficitaria.
La política agrícola del país había quedado limitada por el sistema del tipo de cambio después de la devaluación de 1976. La moneda mexicana barata favoreció inicialmente la inversión extranjera en los agros negocios y aumentó el volumen de las exportaciones, pero a cambio de la dependencia externa del sector.
Al mismo tiempo, el alto costo de los granos importados, debido al menor valor de nuestra devaluada moneda, y la necesidad de subsidiar los precios de los alimentos para los consumidores nacionales, se convirtieron en una carga excesiva para las finanzas públicas.
En esas condiciones se propuso en 1980 el Sistema Alimentario Mexicano, que pretendía recuperar la autosuficiencia alimentaria del país y retirarse del mercado internacional de granos; sin embargo, hasta 1982 no pudo consolidarse, por lo que terminó con el sexenio de López Portillo (Martínez).
A partir de 1980 se inicia una nueva etapa de profundización y generalización de la crisis en el sector agropecuario, manifiesta en el estancamiento de actividades que hasta entonces habían sido productivas.
En 1980-1982, los productos como el sorgo, el cártamo, el ajonjolí, la cebada, la avena forrajera, el algodón y el jitomate, vieron disminuida su superficie de cultivo, sus volúmenes de producción y su consumo nacional per cápita (Romero, 2002).
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