Del libro “Panorama de la agricultura en México”
Escrito por SALVADOR MENA MUNGUÍA
Las organizaciones campesinas y el artículo 27 constitucional 1ra Parte
1928-1946
Luego de la muerte de Álvaro Obregón el país atravesó por una situación difícil al igual que su organización agrícola, que si bien es cierto que amparada en los preceptos del artículo 27 constitucional se había orientado al fraccionamiento de los latifundios, también es cierto que su razón principal estaba lejos de cumplirse.
Es así como iniciaría el Maximato, abordando plenamente esa contradicción, para que después llegara Lázaro Cárdenas del Río a retomar con firmeza el reparto agrario y a fortalecer la organización de los pequeños productores y enseguida ceder la estafeta a Manuel Ávila Camacho, quien atenuaría el impacto político- económico sin abandonar el reparto agrario.
Las contradicciones agrarias del Maximato
Las condiciones del país obligaron al presidente Plutarco Elías Calles a formar una fuerza paramilitar que la gente identificaba como “los agraristas”, integrada por rancheros armados, fieles al supremo gobierno, quienes tuvieron un rápido ascenso político, lo que a su vez modificó el proyecto político-económico plantea- do por los sonorenses.
Los rancheros armados alcanzaron mayor fuerza y poder: ellos se convirtieron en uno de los pilares más sólidos del partido naciente, el Pnr (Partido Nacional Revolucionario) y del sistema político que se perfilaba. Como consecuencia, en 1929 el proyecto agrícola para el país diseñado durante el régimen de Obregón y Calles, se trastocó radicalmente en un proyecto agra- rio.
Dicha transformación no pudo realizarse de manera pacífica tanto por la oposición de los propietarios y las demandas de los rancheros como porque los dirigentes nacionales se encontraban divididos: la razón es que no sabían cuál era la mejor forma de impulsar el desarrollo de la agricultura, actividad fundamental de la nación.
De hecho, era la misma pregunta que se habían hecho años antes los porfiristas.
Aun la corriente que fue identificada con el “agrarismo”, aquella que buscaba convertir a peones y medieros en agricultores, como pretendía la ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas, publicada durante la administración de Emilio Portes Gil el 21 de marzo de 1929, respetaba la pequeña propiedad: los terrenos que serían afectados para dotar a los solicitantes de tierra serían parte del te- rritorio de 
las haciendas vecinas y nunca de los ranchos o pequeña propiedad.
Hasta 1929 no había una diferencia notable entre posiciones callista y de Portes Gil, que encabezaba el grupo que se autodefinía como agrarista. No obstante, ya estaban en marcha los dos proyectos para el agro mexicano que se enfrentarían abiertamente durante el cardenismo: el agrícola y el agrario (http://biblioteca. itam.mx/estudios/estudio/letras41/texto3/sec_3.html).
En 1929 el 70% de la población habitaba en el campo. Había 60 000 co- munidades rurales y cuatro modalidades de propiedad: la hacienda, la pequeña propiedad, la propiedad comunal y el ejido. Sin embargo, durante el periodo de la crisis, la propiedad rural conservó las características de concentración de las décadas anteriores.
La hacienda cubría el 97% de la propiedad no ejidal y dado el sentido de su producción, exportar y cubrir el mercado interno, los gobiernos procuraron su conservación por razones técnicas.
Para el 1930 la producción de maíz y frijol fue a la baja, así como el tomate y el garbanzo, lo que agravó el desempleo de los trabajadores asalariados del campo, que se sumó a la dificultad de la repatriación hacia los trabajadores agrícolas mexicanos como consecuencia de la recesión económica por la que atravesaban los Ee. Uu.
La estrategia para enfrentar la crisis agraria fue la promoción de fuentes de crédito, problema crónico del sector.
Con ese motivo se crearon en 1929 los bancos refaccionarios agrícolas, en 1930 se constituyó una comisión que dictaminaría sobre los préstamos y la organización de las colonias agrícolas y ganaderas para tratar de invertir el éxodo de los campesinos a la ciudad y promover el desarrollo de los ya establecidos en los ejidos.
En el mismo año se fundó el Banco de Crédito Agrícola, con un capital de un millón de pesos, dedicado fundamentalmente a promover el cultivo del frijol y del maíz. Hacia finales de la crisis (1934), había 1 491 sociedades de crédito, con 103 444 socios divididos en 85 155 ejidatarios y 18,286 pequeños propietarios (Pozas, 1983).
En 1930 el presidente Calles decía que tanto el agrarismo como el ejido eran fracasos totales, por lo cual debía frenarse el reparto agrario y ver la forma de proteger a las grandes propiedades; sus dueños tenían la prerrogativa de escoger cuáles terrenos serían afectados por los decretos expropiatorios, dejando para sí mismos los mejores.
En estas condiciones los latifundistas invertían poco en la mejora productiva de sus propiedades por temor a perder y la situación afectaba a la agricultura general del país.
Si a lo anterior se agrega que los ejidatarios no contaban con recursos suficientes para hacer productivas sus tierras, pues no tenían acceso al crédito agrícola, el resultado era un lento avance agríocola y la tendencia al autoconsumo, lo que provocaba la contracción del mercado interno (Fujigaki, 2004).
Durante el maximato ocurrieron algunas contradicciones.
De 1928 a 1930 el presidente de México, Emilio Portes Gil, luego de haber logrado la pacificación de los cristeros, retomó las banderas agraristas, comprendiendo mejor que nadie que el reparto de tierras era un arma política de primer orden para evitar brotes revolucionarios.
Sus sucesores, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, frenaron el reparto de tierra y retrocedieron en cuestiones legales, permitiendo la reaparición de los amparos a los hacendados para enmarañar y retardar las solicitudes de los demandantes de tierras. El fenómeno descrito tuvo su reflejo en las cifras sobre tierras repartidas en estos periodos presidenciales.
Durante el mandato de Portes Gil se distribuyeron 1 700 000 hectáreas, Pascual Ortiz Rubio entregó 944 538 y Abelardo L. Rodríguez parceló 790 694 hectáreas más.
Al finalizar 1934, la Revolución había dotado de tierra a poco más de cuatro mil comunidades rurales, aunque en el otro extremo aguardaban todavía casi setenta mil los beneficios de la reforma agraria. “
De los casi 11 millones de hectáreas en posesión de los ejidatarios, sólo el 31% correspondía a tierras de labor y menos del 4% era de riego; más de 12 millones de hectáreas de tierras labrantías continuaban en manos privadas”.
En la mayoría de los casos, las reparticiones de tierras habían respetado el núcleo central de la hacienda y en el ejido pronto prevaleció la tendencia individualista sobre la colectivista, al aparecer la parcelación de los ejidos bajo un principio de parcelación económica (Alvarado, 1998).
Durante la crisis agrícola de 1929 a 1934 se discutía el papel que debería te- ner la reforma agraria y había dos opciones: su clausura definitiva o continuar el reparto; la primera se basaba en argumentos técnicos, la segunda en políti- cos.
Pascual Ortiz Rubio, con el apoyo de Calles, decidió conservar la estructura agraria que prevalecía, para lo cual propició el trabajo legislativo que detuviera el reparto, lo cual fue recibido de mal modo por los agraristas, quienes le retira- ron su apoyo, cayendo en una crisis de consenso que lo obligaría a renunciar.
La postura de Pascual Ortiz Rubio contrasta por la asumida por Emilio Portes Gil en su interinato, quien le dio un tratamiento político en vez de técnico, lo que le redituaba en consenso y respaldo político de los agraristas.
La esencia del movimiento revolucionario era el antilatifundismo y el re- parto de tierras, por lo que había que continuar el proceso de transformación social y no podía detenerse. Así, Abelardo L. Rodríguez intentó recuperar el consenso perdido.
Dando marcha atrás a la legislación antiagrarista expedida durante el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio, se reformó el artículo 27 
constitucional y el 22 de marzo de 1934 se expidió el primer código agrario que lo reglamentaba, unificando toda la legislación en la materia en cumplimiento a lo expresado en el Plan Sexenal; la Comisión Nacional Agraria se elevó a la categoría administrativa de Departamento de Asuntos Agrarios (16 de enero de 1934), dependiente del Presidente de la República.
Estas medidas, aunadas al apoyo agrarista del Plan Sexenal y la nominación de Lázaro Cárdenas del Río como candidato a la Presidencia de la Republica, se consideró un triunfo de los revolucionarios que mantenían el sentido social antilatifundista y reivindicativo del movimiento armado (Pozas, 1983).
En el periodo de Pascual Ortiz Rubio, la producción agrícola no había po- dido mejorar y el comercio exterior era deficitario, sobre todo por las medidas proteccionistas adoptadas por Ee. Uu., el principal comprador.
Casi todos los cultivos comerciales continuaron en los años 1920 con la tendencia al crecimiento que tenía en la época porfiriana, de modo que en 1930 el algodón, el garbanzo, el henequén, el café y la caña de azúcar rebasaban, o cuando menos estaban cerca de igualar, los niveles de la producción de 1907, pero la producción de alimentos básicos era baja: con sólo 40% en el maíz y 31% en el frijol entre 1907 y 1929.
A principios de los años 1930, el México rural continuaba dominado por las haciendas y los latifundios, pues la etapa decisiva del reparto agrario aún no llegaba.
La producción agropecuaria aportaba el 25% del Pib en 1929; en ese año se presentaron en el campo sequías, heladas e inundaciones, que afectaron la frágil situación de la agricultura, de por sí dañada por las constantes asonadas militares y las secuelas de la guerra cristera. Subsistían los métodos de cultivo atrasados y la insuficiencia de créditos, comunicaciones e irrigación. Los hacendados detenían las inversiones productivas por temor a la reforma agraria.
La cosecha de los principales cultivos de alimentos, como el maíz y el frijol, descendió y tuvieron que importarse grandes cantidades durante los años de la depresión.
En estas condiciones se manifestó en el país la crisis internacional de 1929. La mayor parte de nuestro comercio se realizaba con los Ee. Uu., pero fue afectado por sus medidas proteccionistas, que provocaron el descenso en los precios y la demanda de los productos agrícolas de exportación, como el algodón, el henequén y el café.
Ade- más, una importante cantidad de braceros fueron expulsados y repatriados, por lo que se incrementó el desempleo, que en la región de La Laguna, como ejemplo, llegó a cerca de 20 000 desocupados durante 1930 (Fujigaki, 2004).
Durante las décadas de 1920 y 1930, los más importantes intentos por mi- nimizar los alcances de la reforma agraria se centraron en las reticencias para impulsar el desarrollo de los ejidos y las comunidades indígenas, al concebirse dentro de los altos círculos gubernamentales esas formas de propiedad o tenencia de la tierra como formas transitorias que debían finalmente evolucionar hacia la pequeña y mediana propiedades.
De hecho, durante los primeros gobiernos posrevolucionarios, el avance de la reforma agraria se vio obstaculizado por los puntos de vista dominantes que consideraban al ejido como una forma transitoria de tenencia de la tierra o como una fuente complementaria de los ingresos de las familias campesinas, pero siempre teniendo como objetivo alcanzar la meta de la propiedad privada.
El maximato, en ese sentido, fue la culminación del proceso de formación de una nueva élite que se fue alejando del movimiento social que le había permitido encumbrarse. Los objetivos de esa élite estaban orientados a la aplicación de programas económicos y procesos políticos modernos que en los hechos favorecían a unos cuantos.
La aplicación de la reforma agraria has- ta entonces, dado su espectro restringido y selectivo, había sido más útil para pacificar y manipular a grupos estratégicos de campesinos que para modificar la estructura de la propiedad y la producción.
En 1934 “el potencial político de las fuerzas agraristas era tan grande que en cualquier momento podían llegar a dominar la situación. Fue justamente lo que empezó a suceder”.
Durante el maximato, el Partido Comunista de México (Pcm) padeció la repre- sión de sus organizaciones agrarias de base. En 1930 el gobierno masacró a campesinos y obreros agrícolas en Matamoros y Coahuila.
A partir de 1932 los comunistas dirigen a grupos armados de campesinos que se apoderan de tierras en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Michoacán, logrando organizar una huelga de más de dos mil peones agrícolas en las haciendas michoacanas de Lombardía y Nueva Italia. Hacia el final del maximato, el partido logró mantener viva la organización en Michoacán y consolidarla en la zona de La Laguna, lo que daría lugar a uno de los movimientos agrarios más importantes durante el cardenismo (Pozas, 1983).
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