Al iniciar su gobierno, y en virtud de estar en el ambiente la percepción de fraude electoral para ocupar la presidencia de la república, Carlos Salinas se preocupaba más por legitimarse que por realmente gobernar.
El nuevo enfoque que se planteaba para dirigir al país era “la modernización” a través de diversas reformas; para el campo sería estratégica la llamada “nueva reforma agraria” que tenía como fundamento, el final de la reforma agraria.
Aún en campaña pero con la plena seguridad de ocupar la silla presidencial, Carlos Salinas de Gortari, en una visita a Chiapas, planteó los siete puntos básicos de lo que denominó la “nueva reforma agraria”, fundamental para el diseño de las políticas que habría de ejercer en materia agropecuaria:
- Impulsar una nueva reforma agraria para renovar al ejido, “fortaleciendo sus facultades para autogobernarse”.
- Basar la modernización rural en la “participación campesina”, que sería convocada a través de la “movilización social” del campesinado.
- Pasar del paternalismo a la “responsabilidad compartida”, lo que había de llevar “hacia la toma de decisiones por los campesinos mismos”, en todos los ámbitos de acción.
- La modernización del marco jurídico agrario, reconociendo rezagos y necesidades, considerando como eje el “dar seguridad a las tres formas de tenencia”; además de “establecer nuevos modos de producción y de organización”.
- La transformación del aparato estatal de fomento rural, junto con el refuerzo de la “unidad de mando” (léase Sagarpa), y la corrección de “trabas” (léase gestión de recursos), ofrecía “hacer más eficiente la acción gubernamental”, así como “trasladar gradual y consistentemente” funciones y atribuciones institucionales a las organizaciones.
- Orientar la movilización campesina a la producción, el compromiso era “dar a los productores organizados” el control del crédito, seguro, insumos, comercialización e industrialización de productos, apoyándolos con asistencia técnica e investigación.
- Hacer del bienestar social y la justicia la base de la estrategia de desarrollo rural. Se proponía “promover la justicia social en el campo, para recuperar las posibilidades de crecimiento y bienestar social” (Cortés, 1993).
En materia social, Salinas de Gortari había observado con gran interés el despertar de la sociedad mexicana, sobre todo en la capital del país, ante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, cuando los acontecimientos rebasaron 
ampliamente al aparato gubernamental que no supo cómo actuar; su lugar lo tomó de manera más que pertinente, la sociedad misma que, aplicando a plenitud el concepto de solidaridad, había logrado sobreponerse a lo más grave de los lamentables acontecimientos.
Con ese antecedente, el 2 de diciembre de 1988, prácticamente en su primer día de actividades formales como presidente de México, puso en marcha el programa Solidaridad, el cual proponía conseguir mayor justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o de subsidios focalizados.
Para llevar a cabo ese proyecto no sólo era necesario el apoyo del gobierno, sino también la participación organizada de la población, impulsados con un sentimiento de nacionalismo y de desarrollo social, tal como había ocurrido el 19 de septiembre de 1985.
La visión de Carlos Salinas y su política en materia agropecuaria quedaría muy clara en su primer informe de gobierno:
En el campo mexicano enfrentamos el mayor reto de la modernización económica, las presiones de la demografía y las condiciones climatológicas muy adversas por segundo año consecutivo se han sumado a deficiencias ancestrales y a deformaciones estructurales, para conformar un panorama complejo y preocupante; de 1965 a la fecha, la superficie cosechada ha aumentado en sólo 12% y el hato ganadero en 45%, mientras que la población casi se duplicó; la productividad está prácticamente estancada y los subsidios al sector pesan considerablemente en el presupuesto federal; las importaciones de básicos alcanzarán 9.5 millones de toneladas en 1989 y según se estima, un monto similar en 1990; no podemos permitir, por la alimentación de los mexicanos y por el bienestar de los campesinos, que continúe el deterioro de este sector estratégico de la nación.
Respecto a la reforma agraria sería muy congruente con lo planteado durante su campaña y establecería:
El reparto masivo de tierras ha concluido, quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo a los casi dos millones de solicitantes de tierra y a los más de cuatro millones de jornaleros agrícolas, pero tenemos que dar- les una respuesta, por eso, reforma agraria quiere decir ahora, fundamentalmente: apoyar la producción, respetar y promover las organizaciones campesinas y agropecuarias, responsabilizar a éstos del manejo del crédito y de los fertilizantes, atender la comercialización y establecer industrias rurales que eficientes y viables transformen la producción, eleven el ingreso y generen opciones de empleo para los hijos de los campesinos en el propio campo.
Se perfilaba claramente la cancelación definitiva del reparto agrario.
En lo que concierne al papel que jugarían las organizaciones de productores dentro de las políticas agropecuarias planteadas por Salinas de Gortari, también en su primer informe de gobierno señalaría:
El Estado incrementará los apoyos a la agricultura, pero el problema del campo no proviene sólo de la escasez de recursos canalizados, es y ha sido también un problema de falta de organización, de ineficiencia y aún de corrupción. Instruí a los titulares de instituciones como B y Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S. A., para diseñar con la participación de los campesinos, programas de modernización en beneficio de éstos; se han dedicado grandes esfuerzos a la concertación con las organizaciones de productores, a la fecha ya se han pactado 78 convenios que representan apoyos para construcción de infraestructura, producción primaria, transformación agroindustrial, capacitación y obras sociales, se trata de los primeros pasos de una nueva forma de canalizar los recursos públicos al campo que reconociendo la mayoría de edad de los campesinos, elimina paternalismos y enfatiza corresponsabilidad, el Estado seguirá apoyando firmemente a los campesinos de México.
Los apoyos oficiales empezarían a ser transferidos a las organizaciones de productores, aunque no siempre se tendrían los resultados esperados, pues seguirían actuando la simulación y los cacicazgos, ahora en la administración de los recursos transferidos.
A principios de los años 1990 se privatizó la banca, nacionalizada en 1982. Desde fines de los años 1980 el Estado vendió o liquidó empresas de su propiedad, y se extinguieron numerosos fideicomisos públicos con encomiendas muy precisas, especialmente en los sectores financieros y agropecuarios.
En suma, el Estado dejó de intervenir directamente en la economía y prescindió de instrumentos, como los precios de garantía a productos agrícolas (sólo se mantuvieron los precios de referencia para el frijol y el maíz).
En el sector agropecuario se liquidaron empresas industriales que proveían insumos, como Fertilizantes Mexicanos
(Fertimex), mientras que en el sector comercial, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y sus filiales industriales y comerciales también desaparecieron.
En el sector financiero orientado a la agricultura, el caso más notable fue Anagsa, así como numerosos fideicomisos, con tareas en materia de fomento, financiamiento y organización campesina.
La puesta en marcha de la política de liberalización, aunada a la privatización y liquidación de empresas y organismos del sector paraestatal, buscaba explícitamente la disminución y desaparición de diversas formas de subsidios, no sólo en la agricultura, sino también en las demás actividades productivas (Díaz, 2006).
Con todo, el sector agrícola se reanimó a partir de 1990.
Después de años de disminución en la producción de granos básicos, se elevó la producción de maíz y sorgo, mas no la de trigo. En cambio, disminuyó la producción de café, tabaco, limón y henequén.
La ganadería creció, por lo que se amplió la producción lechera.
La tendencia favorable continuó en 1991, entre otras causas debido al alto nivel de almacenamiento de agua en las principales presas del país; sin embargo, las condiciones meteorológicas empezaron a cambiar en la segunda mitad del año.
Para el ganado se contó con suficiente forraje; no obstante la ganadería comenzó a caer por la baja en el consumo de carnes rojas.
Durante la administración del presidente Carlos Salinas la cuestión agraria del país tendría un cambio radical, sobre todo en al aspecto jurídico, ya que se aprobarían diversas modificaciones a la Constitución, específicamente al artículo 27, en lo relativo al reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales; asimismo se le daría autonomía a los ejidos y comunidades en su fracción vii. Así las cosas, el 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual el Congreso de la Unión, a iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari, reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las modificaciones planteadas por Carlos Salinas al artículo 27 constitucional implicaron, entre otras cosas:
- El fin del reparto agrario.
- La posesión plena para compra-venta, hipoteca, afectación, embargo y herencia de la propiedad ejidal.
- Las empresas pueden poseer tierras con la figura de “sociedad mercantil”.
- Las empresas pueden poseer hasta 25 veces lo que por ley posee un solo in- dividuo, esto es hasta 2 500 hectáreas de riego o su equivalente en otro tipo de propiedad.
- La Iglesia puede volver a ser propietaria de tierras, con todo lo que esa condición implica.
- El cambio de uso del suelo no implica la reducción del tamaño de la propiedad, por ejemplo, un área ganadera se transforma en área de producción de cultivos bajo invernadero.
Una vez hecha realidad su operatividad con el Programa de Certificación de Derechos Agrarios y Titulación de Solares (Procede), el cual arrancó el 6 enero de 1993, y luego de la publicación del “Reglamento de la Ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de Solares”, sus supuestos formales fueron:
- El Procede buscaría “otorgar certeza jurídica en el campo, que permita un desarrollo y productividad a partir de las premisas de libertad y justicia, llevando al campo los instrumentos que permitan garantizar la seguridad en la tenencia ejidal”.
- Es un programa “totalmente voluntario y gratuito, que atiende a las comunidades y ejidos a solicitud de parte, bajo la premisa de estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios”.
- La operación del Procede “se sustenta en la organización de ejidatarios y comuneros, lograda a través de asambleas, apegadas al marco jurídico establecido en la Ley Agraria (Art. 23) y en su reglamento (Título Segundo)”.
El reglamento establecía los tiempos, formas, requisitos y procedimientos para la delimitación, asignación y destino de las tierras ejidales, de la superficie parcelada, la de uso común y la del asentamiento humano, así como los de la expedición de los certificados y títulos correspondientes y la posibilidad de adoptar el dominio pleno sobre la parcela, fundamentada en la fracción vii del artículo 27 constitucional. A
sí, los campesinos tendrían la facultad de decidir si utilizarían sus tierras de manera particular, sin perder su calidad de ejidatarios.
Durante ese régimen se procedió a la desconcentración del sector agrario, creándose la Procuraduría Agraria como organismo con personalidad jurídica y presupuesto propios, con funciones de servicio social encargada de la defensa de los derechos de ejidatarios y demás integrantes del agro.
Así mismo se creó el Registro Agrario Nacional.
De nueva cuenta se tomaba el 6 de enero, como en 1915, para dar paso a todo lo contrario con respecto a lo planteado por los agraristas de entonces en el marco de la revolución mexicana. Lo simbólico se volvió irónico.
Pero aún faltaba lo peor: el Tlcan. Al respecto habría de declarar en su tercer informe de gobierno:
Después de ampliar consulta pública, realizada por el Senado de la República, iniciamos la negociación del Tratado Trilateral de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y Canadá.
Ahora la negociación se ha intensificado. Se han establecido 18 grupos para tratar los temas sustantivos; los de más intensa discusión son los relativos al mecanismo de resolución de controversias, a los asuntos arancelarios y a los periodos de transición.
Por México participan conjuntamente y como frente unido el gobierno, representantes de empresarios, de obreros y campesinos, investigadores y académicos, y un sólido grupo de abogados y tratadistas. Mantenemos permanentemente informado al Senado de la República y al público en general, y ofrezco ampliar esta información a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados.
Para su cuarto informe de gobierno el presidente Salinas anunciaría el arranque del Procampo, que habría de acompañar en la transición al Tlcan; al respecto señalaría:
Nos comprometimos a consolidar la reforma campesina. Hoy, penetran ya en la vida del campo las nuevas instituciones para procurar y administrar justicia.
Nuevas medidas abaten el rezago, amplían la titulación y responden a las dificultades de la cartera crediticia. Un nuevo programa en marcha, Procampo, permitirá por vez primera dar apoyos directos y transparentes a más de tres millones de campesinos.
El Procampo marcó el inicio de la entrega de apoyos directos a la producción, o mejor dicho a los productores; tendría diversos ajustes antes de ser considera- do un beneficio real aunque exiguo, sobre todo para los productores de escasos recursos.
Cuando se negoció el Tlcan prevalecía una dualidad que implicaba que ciertos segmentos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y pesca mexicanas tuvieran una productividad baja respecto a la de los socios comerciales y en relación con la productividad del trabajo del resto de la economía mexicana.
Esta dualidad emerge de la fragmentación de la propiedad de la tierra y de ciertos instrumentos de política sectorial que favorecieron la agricultura moderna, mecanizable y orientada a las exportaciones o a producir insumos industriales. Se considera que en el caso de la agricultura, el Tlcan constituyó un complemento de la política de modernización del sector, iniciada con la reforma del artículo 27 constitucional, con las medidas adoptadas con motivo del ingreso al Gatt y aquellas instrumentadas en el marco de los programas de ajuste estructural (Romero, 2004).
En 1986, cuando se suscribió el acuerdo con el Gatt, los compromisos adquiridos por el país no sobrepasaban lo previsto en las reformas para la apertura comercial.
México había conseguido un trato especial para su agricultura y sus recursos naturales: “Las partes contratantes 
reconocen el carácter prioritario que México otorga al sector agrícola en sus políticas económicas y sociales”. Es necesario destacar el limitado poder de negociación de los dos países, México y Canadá que, a la postre, signarían junto con Ee. Uu., en el Tlcan, en la Ronda de Uruguay.
Todo ello evidenciaba la debilidad, incluso diferenciada, de esos países en relación con los Ee. Uu., porque si bien tanto Canadá como México son víctimas de la competencia desleal de Ee. Uu., la situación de México en el bloque comercial regional es mucho más débil en relación con la de Canadá.
En principio, los objetivos del Tlcan, desde la perspectiva mexicana, fue- ron, entre otros: lograr un acceso más seguro al mercado de Ee. Uu.; utilizar los acuerdos comerciales para consolidar las reformas políticas internas; atraer las inversiones extranjeras; establecer un mecanismo de solución de controversias entre las partes; asegurar un crecimiento económico más acelerado y sostenido; y con ello desalentar la emigración a los Ee. Uu.
En la agricultura, se mencionan los siguientes: garantizar el acceso libre de los productos mexicanos a los mercados de Canadá y los Ee. Uu.; asegurar una transición con plazos suficientemente largos para permitir el ajuste equilibrado del sector; brindar certidumbre y un horizonte de planeación de largo plazo al productor; asegurar el acceso de los productores a los insumos en condiciones de competitividad internacional; garantizar el derecho a establecer un sistema moderno de apoyos directos que sustituya a los otorgados a través de mecanismos de protección comercial; procurar términos de intercambio que propicien un cambio a cultivos o actividades que generen mayor ingreso para el productor y crear mecanismos operativos que eliminen la discreción en la administración de medidas sanitarias y fitosanitarias (Romero, 2004)
Una vez en marcha el Tlcan, Carlos Salinas de Gortari anunciaba satisfecho: “El Tlcan permitirá que el sector agropecuario evolucione de los segmentos tradicionales a la agricultura de exportación, se reducirá la migración de trabajadores a Ee. Uu. y el nivel de vida de los habitantes del campo se elevará sustancialmente.”
Se consideraba la reducción de la población económicamente activa dedicada a las actividades productivas del campo y su traslado gradual como mano de obra a la industria, previa capacitación, pero la profecía no se cumplió, a Salinas de Gortari ya no le alcanzó el tiempo y a sus sucesores no habría de interesarles.
Como consecuencia aumentó la migración hacia los Ee. Uu., y la miseria en el campo mexicano, junto con los cinturones de pobreza alrededor de las grandes ciudades.
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Excelente información cultural y lo que es mas triste: adónde nos llevan nuestros gobernantes y estamos a escasos meses de renovar esperanza para un México mejor. Enhorabuena mi estimado amigo Chava Mena