El gobierno de Vicente Fox mantuvo en el campo el énfasis privatizador y de libre mercado, iniciado con las reformas al artículo 27 constitucional en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, política que significó la destrucción de la propiedad ejidal y el aumento de las dificultades para producir y comercializar que enfrentan los agricultores mexicanos cuyos apoyos, además de haberse reducido, se concentraron en unos cuantos productores, situación y condición que les impedía competir con los agricultores estadounidenses, quienes es común reciban multimillonarios subsidios y apoyos diversos (Ornelas, 2004).
En el Plan Nacional de Desarrollo, Vicente Fox planteó como políticas agropecuarias:
1. Políticas diferenciadas de apoyo y acceso a financiamientos con base en el desarrollo regional y la tipología de productores y productos.
2. Planeación por sistemas producto que incorpora la producción primaria, el acopio, la transformación, el manejo posterior a la cosecha, así como el procesamiento, el transporte y la comercialización en los mercados internos o externos.
3. Coadyuvar al ordenamiento de los mercados y certidumbre en el ingreso de los productores.
4. Procurar el manejo sustentable de los recursos naturales e impulsar la producción de alimentos inocuos y de alta calidad nutricional.
5. Desarrollo de grupos y zonas rurales prioritarias, mediante el impulso a las actividades productivas y formación de negocios rurales, fomento a la capacitación y acceso a la información, adopción de tecnologías eficientes y su participación democrática en las decisiones de la comunidad rural.
Se utilizó como principal instrumento para su aplicación el programa de subsidios conocido como “Alianza para el Campo”, que modifica su nombre como “Alianza Contigo”.
Los subprogramas de la “Alianza Contigo” promueven, en el papel la capitalización del sector, el fortalecimiento de las cadenas productivas, el desarrollo tecnológico y el uso intensivo y sustentable de los recursos naturales, incidiendo de manera directa en la productividad de las unidades de producción rurales.
Frente a esta situación, el movimiento campesino realizó fuertes movilizaciones sociales que concluyeron el 28 de abril de 2003, con la firma de un “Acuerdo Nacional para el Campo” (Anc), donde el gobierno se comprometía a realizar, “antes del 31 de diciembre de 2003 y con la participación de las organizaciones campesinas y de productores, una evaluación integral de los impactos que sobre la agricultura mexicana tendrían tanto el Tlcan como la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural de Estados Unidos de América” (programa estadounidense para proteger aún más a sus productores agropecuarios, en detrimento de los productores agropecuarios mexicanos), con el propósito de sustentar la posible “renegociación del capítulo agropecuario” del Tlcan y tomar medidas en apoyo a los agricultores para enfrentar la competencia (Ornelas, 2004).
Por otro lado, el Acuerdo Nacional para el Campo establecía la obligación del gobierno federal de enviar al Congreso una iniciativa de Ley Federal de Planeación Agropecuaria, que tuviera como sustento “el concepto de soberanía y seguridad alimentaría, además de incluir y concretar el “derecho a la alimentación”.
Respecto al concepto de “seguridad alimentaria”, en 1996 la Fao propuso la siguiente definición:
La seguridad alimentaria, a nivel individual, familiar, nacional y regional, implica lograr que la población tenga acceso física y económicamente a una alimentación suficiente, sana y nutritiva, de acuerdo con sus preferencias, y que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales y preferencias alimenticias para una vida activa y saludable, situación que estaba lejos de ocurrir en México en ese momento.
En lo concerniente al término “derecho a la alimentación”, éste es más antiguo, fue propuesto como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la Onu, en 1966; luego fue signado y ratificado por 156 países en 1976, y dice:
El derecho a la alimentación es un derecho universal, implica que toda persona – mujer, hombre o niño- debe tener acceso a alimentos en todo momento […] que sean suficientes en términos de calidad, cantidad y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su cultura.
Sin embargo, a poco más de un año de firmado el Acuerdo Nacional para el Campo, la mayoría de las organizaciones campesinas acusaron al gobierno federal de “incumplido”, pues no había avances en los aspectos prioritarios del mismo, como las reformas legislativas para mejorar las condiciones del sector y la evaluación del capítulo agropecuario del Tlcan.
La crisis del campo se expresa así en una evidente pérdida de la “soberanía alimentaria” y una mayor dependencia alimentaria hacia los EE. UU., lo que significó que en el año agrícola 2003/04 (junio/julio) México haya importado 6.5 millones de toneladas de maíz; 4.4 millones de toneladas de frijol; 3.4 millones de toneladas de trigo y 17.8 millones de granos forrajeros y, según el gobierno estadounidense, la tendencia de las importaciones mexicanas de granos básicos seguirá en aumento (Ornelas, 2004).
Apegado a las políticas económicas que rigen en el mercado mundial, el gobierno de Vicente Fox dejó al campo mexicano en un absoluto abandono. El desdén ante las promesas de desarrollo se refleja en la miseria que predominó en el sector y en los casi tres millones de emigrantes quienes, expulsados a EE. UU., trataron de encontrar nuevas formas de sobrevivencia.
Sin embargo, el discurso del presidente Fox siguió prometiendo que a partir del crecimiento de aquellos campesinos que fueran capaces de ser productivos y competitivos iba a haber un impulso general para todo el sector.
También diría que el objetivo no es destinar recursos ni apoyos directos a la producción, sino crecer la infraestructura en carreteras y caminos que son muy deficientes en este país, con la finalidad de facilitar el traslado rápido y eficiente de los productos agropecuarios a diferentes mercados. Solo que eso responde más bien al sector de la agricultura mexicana que es totalmente empresarial.
En este contexto, el plan nacional de gobierno de Vicente Fox se centró en que había que ser competitivos. Con esto se estaba considerando a los productores de medianos y altos ingresos porque es claro que los campesinos, pequeños productores y ejidatarios no lo podían hacer. De nada servía que existieran tantos programas, si en la práctica estaban diseñados para favorecer al sector de agricultura empresarial y agroindustrial.
Todas las cadenas alimentarias se dejaron a las influencias de los mercados internacionales y así resultaba difícil tener éxito, porque la producción agrícola es un problema muy complejo; no sólo es la gran diferencia entre la capacidad productiva de los países por sus recursos, sino también del acceso a los créditos.
La consecuencia es una crisis que no logró superarse en todas las ramas de la actividad agropecuaria, por lo que podríamos hablar de una crisis nacional no superada, falta de rentabilidad en todos los cultivos, productos agrícolas y pecuarios, lo cual fue sustituido de manera progresiva por las importaciones.
En el periodo de 1994 a 2005, esto es los periodos presidenciales de Zedillo y Fox, el crecimiento de la producción agropecuaria mexicana fue inferior al 3% anual en casi todos los rubros, con excepción de las hortalizas, forrajes, frutas y carnes. La disminución en el ritmo de crecimiento de la producción agropecuaria apunta a una menor autosuficiencia alimentaria, toda vez que ello hizo descender la producción agropecuaria per cápita, el Pib descendió casi 7% entre 1980 y 2005.
Además, el descenso de la producción por falta de competitividad de los agricultores y ganaderos mexicanos se apreció mejor en los principales productos, en donde fueron drásticos los casos del frijol y las leguminosas en general, el trigo y el arroz, la carne de porcinos y bovinos, así como la leche. En contraparte, el crecimiento de la producción per cápita de frutas y hortalizas, además de la agroindustria avícola, se observó tanto en carne, como en huevo.
Por su parte el maíz, aunque tuvo una recuperación desde el inicio del periodo foxista hasta el 2005 (en el 2000 la producción per cápita era de 175 y para 2005 aumentó a 189), para el periodo 1980-2005 sólo representó un incremento de 3.8%, en virtud de que la producción per cápita en 1980 era de 182, un promedio anual de 0.15% en el periodo de 25 años.
Lo anterior provocó el deterioro de la balanza alimentaria que se debió a que aún cuando las exportaciones principalmente de hortalizas y frutas frescas, así como también de productos industriales, como la cerveza o el tequila, ese incremento no había sido suficiente para compensar el aumento de las importaciones, principalmente de granos, oleaginosas y algunos productos agroindustriales y sobre todo que la tendencia era a seguirse incrementando (González, 2007).
Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, previo al sexto informe de gobierno de Vicente Fox, respecto a la grave situación económica del país y al nulo crecimiento del mismo, señalaría:
Vicente Fox pasará a la historia como el presidente del desempleo. Millones de mexicanos tuvieron que emigrar y otros pasarán a formar parte de las filas de la economía informal; y algo gravísimo, muchos terminaron en las filas de la delincuencia.
Hablamos de delincuencia común, pero también de delincuencia gubernamental, diríamos, de la delincuencia de Estado, particularmente en lo que se refiere al “macrofraude del Fobaproa”, el cual representa y sigue siendo el mayor saqueo financiero en la historia económica de este país. Esta bárbara agresión económica contra el pueblo de México la seguiremos padeciendo; ya ha hipotecado nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, por lo menos para los próximos 70 años. La cifra es gravísima y escandalosa.
Este atraco sin precedente es de más de 120 mil millones de dólares, es decir, de un billón 248 mil millones de pesos, ni más ni menos, superior a la mitad de todo el presupuesto nacional. Por lo mismo es clave, decisivo, fundamental, combatir este gigantesco fraude del Fobaproa, con la finalidad de liberar recursos para contar con fondos suficientes para financiar áreas estratégicas del desarrollo nacional.
En cambio, al campo mexicano se le dejó en el olvido; millones de ejidatarios, comuneros y pequeños productores rurales, no recibieron los beneficios de este gobierno. En contraste, un reducido grupo de grandes productores enfocados a la exportación de granos, hortalizas y frutas, fueron los únicos beneficiados. La demanda de revisar el capítulo agropecuario del Tlc se ignoró, por lo cual se perdió la seguridad y la soberanía alimentaria.
Es una vergüenza nacional que este gobierno haya obligado a emigrar, según cifras oficiales, a más de cinco millones de mexicanos, arriesgando sus vidas, buscando en otra parte lo que aquí les fue negado.
Por su parte, el presidente Fox no mencionaría en ningún momento de su mensaje a la Nación con motivo de su sexto informe de gobierno, la palabra “campo”, mucho menos su estado o el de la producción agropecuaria del país.
Como inició su periodo lo terminó sin ningún interés por el campo y el destino de sus habitantes. A pesar de tener un rancho y exhibirse en múltiples ocasiones como si realmente fuera “gente de campo”, incluso recibió en su rancho de San Cristóbal, al presidente Bush, de EE. UU., con quien intercambio “botas vaqueras”, más no proyectos de desarrollo.
En resumen, las instituciones de gobierno que apoyaban al sector agropecuario han venido perdiendo participación en la promoción del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria. Se liquidaron la mayoría de las agencias y empresas públicas que proveían bienes y servicios al campo hace poco más de treinta años y las que sobreviven manejan programas limitados.
Los términos en que los productores pueden tener acceso al crédito, a los insumos agrícolas y a asistencia técnica, dependen casi exclusivamente del libre arbitrio de la iniciativa privada; y para los consumidores rurales, el acceso a una canasta básica de productos a precios regulados depende del éxito con que logren convencer a los empleados públicos de su grado de indigencia.
En 2001 el gobierno de Vicente Fox, para completar la “tarea”, decidió transformar a Agroasemex en una “Agencia de Desarrollo enfocada a impulsar el crecimiento del mercado e institución de reaseguro especializada en el ámbito rural”, reduciendo aún más sus apoyos al productor de escasos recursos.
Por otro lado, en 2003 el Banrural fue transformado en Financiera Rural, que es una banca de desarrollo rural del Gobierno Federal cuyo objetivo se plantea como “crear un sistema financiero rural eficiente que facilite el acceso al crédito y que contribuya al fortalecimiento de la agricultura, ganadería, así como de las diversas actividades vinculadas con el medio rural”.
El desmantelamiento de las instituciones que apoyaban a la producción agropecuaria en México avanzaba. Sin embargo, el discurso de Fox, de un “campo ganador” y en ocasiones incluso contradictorio, seguiría dándose.
Para muestra vasta lo dicho en abril de 2006 durante la celebración del tercer aniversario del Acuerdo Nacional para el Campo: “La Financiera Rural, Fira y Sagarpa operan diferentes mecanismos de garantía que han permitido reactivar el crédito en zonas donde antes no se daba”. No se puede reactivar lo que no existía. En otro momento, en la misma ceremonia, mencionaría: “El Congreso de la Unión ha aprobado recursos crecientes al presupuesto destinado al desarrollo rural, el Programa Especial Concurrente aumentó 62% en términos reales del año 2000 al 2005, para alcanzar los 145940 millones de pesos, presupuesto jamás visto para el desarrollo rural”.
Sin embargo, empezaría a ponerse de moda el sub-ejercicio de recursos financieros, esto es, se programaba una suma y no se ejercía ni el 80%, la disposición a destiempo de los recursos y las complicadas “reglas de operación” así lo propiciaban, no era error ni falta de capacidad, era deliberado, toda una estrategia de simulación institucional, que habría de acentuarse en el siguiente sexenio.
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